La Justicia decretó la quiebra de Carsa y abre un capítulo crítico para Musimundo en el norte argentino

Un pasivo concursal de 63.500 millones de pesos y veinte sucursales cerradas en el nordeste del país terminaron por sellar el destino de Carsa S.A., la sociedad que controla la cadena de electrodomésticos Musimundo. El Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia resolvió el pasado 2 de septiembre de 2026 revocar el concurso preventivo que la propia firma había obtenido en julio y decretar, en cambio, su quiebra, en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras.

La decisión judicial se apoyó en lo que la propia normativa califica como hechos reveladores del estado de cesación de pagos, un concepto técnico que, traducido a un lenguaje más llano, describe aquella situación en la que la compañía ya no puede atender de manera regular sus obligaciones con acreedores, proveedores y trabajadores. A partir de ese diagnóstico, el magistrado consideró inviable mantener abierto el proceso concursal y resolvió avanzar hacia la liquidación, con la sindicatura del Estudio Contable Benítez al frente del expediente, ahora recaratulado como "CARSA S.A. s/ Quiebra".

Un cuadro que se agravó tras el intento de venta a On City

El deterioro financiero de la empresa se arrastraba desde mucho antes de la presentación concursal. Musimundo había bajado sus persianas en veinte sucursales distribuidas entre Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, una decisión que la compañía justificó como una depuración de locales duplicados en plazas donde la marca tenía más de un punto de venta, pero que, en los hechos, dejó a más de cien familias sin su fuente de ingresos, según allegados a la sociedad.

En paralelo, el directorio había mantenido negociaciones avanzadas para desprenderse de cuarenta y cinco locales en manos de los propietarios de On City, la cadena que opera los puntos de venta surgidos del recambio de marca de Electrónica Megatone. La operación, que hubiera permitido mantener operativa una porción significativa de la red comercial, no prosperó. Frente a ese escenario, el 26 de agosto se aprobó un plan de reducción de estructura que la sindicatura evaluó como insuficiente antes del decreto de quiebra.

• Deuda concursal total: 63.500 millones de pesos, frente a los 900 millones declarados en el concurso anterior de 2018.
• Pasivos bancarios a fines de mayo de 2026: alrededor de 3.060 millones de pesos, con el Banco Nación como principal acreedor, por cerca de 1.549 millones.
• Sucursales cerradas en el NEA: veinte, distribuidas entre Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
• Locales cuya venta no prosperó: cuarenta y cinco, que iban a ser transferidos a On City.
• Plazo para verificar créditos: hasta el 6 de noviembre de 2026.

Comparada con la campaña anterior, la fotografía actual exhibe un salto de complejidad inédito para la compañía: la deuda concursal declarada en 2018 había rondado los 900 millones de pesos, una cifra que, traducida a los valores vigentes, representa apenas una fracción del pasivo reconocido en el expediente abierto este año. La magnitud del crecimiento refleja, en buena medida, la combinación de la pérdida de ventas en el norte, la suba de costos financieros y la imposibilidad de socio que rescatara la operación.

El cronograma que acaba de fijar el juzgado marca los próximos hitos del proceso: los acreedores tendrán tiempo para presentar pedidos de verificación hasta el 6 de noviembre de 2026, en tanto que el informe individual está previsto para el 30 de marzo de 2027 y el informe general para el 25 de junio del mismo año. Se trata de plazos estándar para este tipo de procedimientos, pero que en la práctica definirán qué porcentaje de los créditos podrá efectivamente cobrarse y bajo qué condiciones, una vez que se avance con la liquidación de los activos remanentes.

Para los trabajadores y proveedores del NEA, la quiebra abre un escenario particularmente complejo. La red de Musimundo supo ser una de las más extendidas del país y un actor de referencia en la venta de electrodomésticos en plazas chicas y medianas, donde la competencia con cadenas nacionales resulta más limitada. La salida del grupo no solo implica el riesgo de profundizar la retracción del consumo en esa región, sino también el desafío de recolocar a cientos de empleados que, en muchos casos, llevaban años ligados a la firma. El desenlace del expediente mostrará, en definitiva, hasta qué punto la cadena logró reconstruir un puente financiero viable o si el cierre se consolida como un nuevo capítulo de la prolongada crisis que atraviesa el comercio electrónico de artefactos para el hogar.