Extienden hasta 2027 el régimen que compatibiliza empleo rural registrado con asignaciones y planes sociales
Un decreto publicado esta semana prorroga por doce meses el mecanismo que permite a unos 50.000 trabajadores temporarios del campo conservar beneficios sociales durante la temporada de cosecha, con un piso equivalente a la AUH para las asignaciones familiares.
Un decreto firmado esta semana y publicado en el Boletín Oficial extendió por doce meses el régimen que permite a los trabajadores rurales temporarios y estacionales mantener sus asignaciones familiares y otros beneficios sociales mientras prestan servicios bajo un empleo registrado en el campo. La prórroga, dispuesta a través del Decreto 1204/2026, lleva el vencimiento del esquema hasta el 1 de septiembre de 2027 y alcanza de manera directa a alrededor de 50.000 personas en todo el país, a las que se suman unos 83.000 hijos de aportantes, según los datos oficiales que acompañan la medida.
Para dimensionar el alcance de la decisión, conviene comparar con lo ocurrido en la campaña anterior: en 2025, el universo de beneficiarios bajo este mismo régimen se ubicaba en un rango similar, con una leve ampliación de la cobertura producto de la incorporación gradual de nuevas modalidades contractuales. Traducido: la prórroga no amplía ni recorta el padrón, sino que congela las reglas vigentes y evita el riesgo de que unas 50.000 familias quedaran, a partir de septiembre próximo, sin una respuesta administrativa concreta.
Qué resuelve y a quiénes alcanza
El esquema, vigente desde 2021, resuelve una disyuntiva que atraviesan miles de hogares rurales cada año: aceptar un trabajo registrado durante la cosecha y arriesgar los planes sociales que sostienen el consumo familiar el resto del año, o rechazar la oferta formal para no perder esa red de contención. La norma aplica a quienes se desempeñan bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a los trabajadores agropecuarios con contratos eventuales y a los comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.
- Asignaciones familiares, con un piso equivalente al valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Tarjeta Alimentar, que se mantiene durante toda la relación laboral.
- Programa Volver al Trabajo, sujeto a las condiciones de cada caso.
- Asignaciones por embarazo y por hijo con discapacidad, según corresponda.
- Compatibilidad con otros beneficios sociales mientras dure la contratación estacional.
El piso por hijo y la transición al empleo formal pleno
Uno de los puntos centrales del régimen es que las asignaciones familiares correspondientes a estos contratos no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo. Esa cláusula fija un piso de ingreso para los hogares con hijos, con independencia de la duración de la temporada, y opera como un mecanismo de protección del consumo básico durante los meses de trabajo registrado.
Cuando la relación laboral se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales, con excepción de la Tarjeta Alimentar, pasan a computarse como parte del salario. La disposición apunta a facilitar la transición gradual hacia un empleo formal pleno, sin saltos abruptos en la composición del ingreso familiar. Para los empleadores, el esquema también prevé una reducción de contribuciones patronales, un incentivo económico orientado a promover la registración laboral en un sector con altos niveles de informalidad histórica.
El contexto del anuncio y la advertencia gremial
La prórroga se conoce luego de que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtiera, antes de la renovación, que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen. El gremio señaló que la experiencia de los últimos años demostró que el mecanismo es fundamental para evitar que la estacionalidad de las tareas agropecuarias se transforme en un obstáculo para la registración y para la protección social de las familias del campo. La decisión oficial, en ese sentido, despeja provisoriamente esa preocupación y ordena el escenario normativo para las próximas campañas.
