Procesan a Raúl Martins por lavado de activos y le traban un embargo por 300 millones de pesos

La Justicia federal avanzó con la causa contra Raúl Martins y le dictó el procesamiento con prisión preventiva por lavado de activos. En la misma resolución, la jueza María Servini dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

El expediente, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 a cargo de Servini, analiza la presunta intervención del exintegrante de la SIDE en operaciones destinadas a dar un destino legal a fondos que, según la acusación, provendrían de la explotación sexual de mujeres. La carátula del expediente es por lavado de activos.

El descargo de la defensa

Durante la indagatoria Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que reclamó su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Planteó que las 26 operaciones que se le adjudican —vinculadas con compras de inmuebles y manejo de sociedades— correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Según su defensa, esas fechas serían anteriores al período que la propia pesquisa tomó como firme para el delito de explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014. Además, sostuvo que el único antecedente firme de trata se refería al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre, y que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

La respuesta de Servini

Servini rechazó esos planteos y sostuvo que la fecha de constitución de las sociedades no resultaba suficiente para descartar las maniobras. Argumentó que una empresa creada con anterioridad puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito.

En su resolución, la magistrada ponderó de manera conjunta el uso de sociedades nacionales y del exterior, los poderes de administración y la participación de familiares. Concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura, aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

• La causa se inició el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
• Martins fue detenido en México en 2019 y luego extraditado a la Argentina desde Cancún, donde quedó a disposición de la Justicia.
• El siguiente paso procesal es que la defensa de Martins pueda apelar el procesamiento con prisión preventiva ante la Cámara Federal correspondiente.