Prisión preventiva para los dueños de una concesionaria de Pilar por una causa con múltiples damnificados

La jueza de Garantías de Pilar Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de Carlos Alberto González, de 43 años, y de Cynthia Chamoles, de 44, propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium. La medida fue solicitada por el fiscal Andrés Quintana, titular de la investigación preparatoria.

Los cargos que enfrentan

A los imputados se les endilga el delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel. El expediente reúne múltiples hechos y damnificados que habrían entregado dinero o vehículos sin recibir lo pactado.

Los argumentos de la magistrada

En su resolución, la jueza Rodríguez Mentasty fundó la medida en dos riesgos procesales. En relación con el peligro de fuga, consideró la multiplicidad de hechos y de víctimas, los grandes perjuicios económicos y la logística empleada por los imputados. Respecto del entorpecimiento de la investigación, mencionó la magnitud del perjuicio, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y la posibilidad de manipulación de documentación relevante.

“La medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso.”Jueza Andrea Rodríguez Mentasty

El esquema investigado

• Recibían pagos totales en dólares por vehículos que nunca llegaban a entregarse.
• Tomaban automóviles en consignación, los vendían y no transferían el producido a los dueños originales.
• Un damnificado entregó una camioneta Ford Ranger Raptor para su venta en consignación sin firmar el formulario de transferencia de dominio y perdió el vehículo y el dinero.
• Otro comprador transfirió 29.000 dólares por un automóvil que no recibió.
• Un tercero cedió un Ford Mustang 2022 para exhibirlo en el salón, con la expectativa de recuperarlo o recibir un vehículo equivalente.

En el expediente aparecen al menos tres damnificados identificados con esas modalidades, aunque la pesquisa continúa abierta y no se descartan nuevas víctimas. La causa se tramita en el Juzgado de Garantías de Pilar, con intervención de la fiscalía de Quintana, y el paso procesal siguiente es la elevación a juicio una vez finalizada la investigación preparatoria.