La demanda de atención por salud mental se disparó en la Argentina y tensiona al sistema público federal
Un relevamiento de la Universidad Nacional de Lanús con datos de 14 provincias que agrupan a más del 70% de la población advirtió que las internacionales psiquiátricas subieron 42% entre 2023 y 2026, mientras que las consultas ambulatorias treparon 23% en el último año, en un cuadro que las propias autoridades sanitarias provinciales describieron como de capacidades sobreexigidas y que fue presentado ante el Senado en el marco del debate por la reforma de la Ley de Salud Mental.
Un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, elaborado con información aportada por las máximas autoridades sanitarias de catorce provincias argentinas, registró un crecimiento sostenido de la demanda de atención en salud mental entre 2023 y 2026, con un salto particularmente marcado en las internacionales psiquiátricas y en la presión sobre las guardias hospitalarias, según se desprende del informe presentado en el Senado de la Nación en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010.
Qué cambia con los nuevos datos
El informe de la Universidad Nacional de Lanús consignó que las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año, mientras que las internacionales se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un aumento adicional del 12% sólo en los últimos doce meses, lo que configura una curva ascendente que atraviesa tanto la atención ambulatoria como la internativa. En la provincia de Buenos Aires, además, el 30% de las consultas en guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental, un indicador que, según el relevamiento, refleja el desplazamiento de la demanda hacia los servicios de emergencia del sistema público.
A quiénes alcanza la demanda relevada
- Niñas, niños y adolescentes, que el informe de la Universidad Nacional de Lanús identifica como uno de los segmentos con mayor crecimiento de la demanda de atención en salud mental.
- Personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y migraron al sistema público, un fenómeno que las provincias consultadas vincularon con el aumento de la presión sobre los hospitales generales.
- Las jurisdicciones relevadas, entre ellas Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que en conjunto representan más del 70% de la población argentina, junto con Entre Ríos y Río Negro, que también participaron del encuentro.
Desde cuándo se registran los incrementos
El informe de la Universidad Nacional de Lanús describió que entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales de las provincias consultadas, y que trece de las catorce jurisdicciones relevadas ampliaron sus redes comunitarias mediante centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. No obstante, las autoridades provinciales consignaron en el documento que esas capacidades se encontraban sobreexigidas frente a una demanda que no cesa, y que persistían dificultades para completar equipos profesionales con disciplinas críticas para el funcionamiento de los dispositivos.
Los reclamos provinciales y el debate legislativo
Las provincias que aportaron datos al relevamiento de la Universidad Nacional de Lanús identificaron como prioridades comunes el aumento de la inversión en salud mental, la ampliación de la infraestructura y de los recursos humanos, la garantía de acceso a medicamentos y la producción de información epidemiológica nacional de calidad, al tiempo que reclamaron la recuperación de una coordinación efectiva entre la Nación, las provincias y los municipios. El informe, además, fue presentado en el Senado mientras el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, y las autoridades provinciales plantearon, en el marco de ese debate, que la propuesta en discusión elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos.
