Cynthia Chamoles declaró ante el fiscal y apuntó contra compradores morosos por dos millones de dólares

Cynthia Chamoles, de 44 años, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Pilar, donde quedó imputada por estafa y asociación ilícita junto a su pareja, Carlos González, de 43. La pareja fue detenida en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en Pilar, en el marco de una causa que investiga la operatoria de la concesionaria Autos Pilar Premium.

En su descargo, Chamoles atribuyó los incumplimientos a un desfasaje financiero generado por clientes que adquirieron vehículos con financiamiento y dejaron de pagar las cuotas en el último período. Afirmó que la concesionaria conserva pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y que el total de deudas a cobrar trepa a unos dos millones de dólares.

Los deudores señalados

Entre los compradores morosos que mencionó durante la indagatoria figura un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial. Chamoles sostuvo que se le entregó una Land Rover Evoque y que la deuda alcanza los 120.000 dólares. También mencionó una camioneta Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación consideró clave para recuperar liquidez.

Damnificados identificados en el expediente

• Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta.
• El diputado nacional Manuel Quintar, quien según la denuncia pagó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.
• Al menos 35 personas figuran como damnificados en el expediente que tramita la Justicia de Pilar.

La versión de González y el origen del descalce

En su propia indagatoria, González describió un descalce financiero de seis millones de dólares. Relató que la empresa creció desde un local en el Shopping Champagnat hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, llegando a vender cien vehículos por mes. Atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada. El juez federal de Campana ordenó el retiro de los vehículos; cuando la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y procesó a González por desobediencia.

El expediente judicial continúa bajo investigación en la fiscalía de Quintana. El paso procesal que sigue es la producción de pruebas testimoniales y pericias contables para determinar la trazabilidad de los fondos y la responsabilidad penal de los imputados en la causa que se tramita en los tribunales de Pilar.